Salt, foco de disturbios y debate político tras el desalojo de un imán okupa
El municipio de Salt (Gerona) ha sido escenario de dos noches consecutivas de disturbios tras el desalojo de un imán musulmán que okupaba una vivienda propiedad de una entidad bancaria. Los enfrentamientos, protagonizados por jóvenes encapuchados, han derivado en ataques a los Mossos d'Esquadra, intentos de asaltar una comisaría, quema de contenedores y lanzamiento de piedras en las calles.
Los incidentes han avivado el debate político sobre la inmigración en Cataluña, convirtiéndose en arma arrojadiza entre partidos. Mientras Vox denuncia una supuesta "islamización" del municipio, desde el Ayuntamiento de Salt y la comunidad musulmana local se ha condenado la violencia, insistiendo en que los responsables de los disturbios no representan a los inmigrantes del municipio ni al imán desahuciado.
El origen del conflicto: una okupación frustrada
Los disturbios comenzaron el lunes tras la okupación de un piso por parte de varios extranjeros, incluido el imán desahuciado y su familia. Al recibir el aviso, los Mossos d'Esquadra intervinieron rápidamente para expulsarlos, lo que provocó la reacción de decenas de personas que trataron de impedir la acción policial.
La tensión escaló cuando grupos violentos intentaron asaltar la comisaría de los Mossos en Salt, obligando a la intervención de unidades antidisturbios. Durante la noche del martes, los enfrentamientos se reanudaron, con quema de contenedores y ataques a los agentes desplegados en el centro del municipio.
El balance provisional es de seis detenidos, tres de ellos menores, y varios agentes heridos, mientras la policía revisa las grabaciones para identificar a más implicados.
Salt: una comunidad diversa con tensiones sociales
Salt, con casi 34.000 habitantes, es una de las localidades catalanas con mayor porcentaje de población inmigrante, alcanzando el 38% según datos de 2024. La mayoría proviene de Marruecos, Honduras, Gambia y Malí, aunque conviven hasta 77 nacionalidades diferentes.
La creciente presión migratoria ha generado retos en vivienda, empleo y servicios públicos, lo que ha convertido al municipio en un foco de debate político recurrente. Desde el Ayuntamiento, dirigido por Jordi Viñas (ERC), se insiste en que Salt es un ejemplo de convivencia y que los disturbios no son representativos de la comunidad inmigrante, sino de grupos de jóvenes conflictivos que aprovechan cualquier excusa para provocar altercados.
¿Un problema de vivienda más que de inmigración?
Más allá del componente migratorio, el acceso a la vivienda es una de las principales problemáticas en Salt. Según el Ayuntamiento, 700 personas están en lista de espera para una vivienda social, y se reclama a los grandes tenedores que cedan pisos al alquiler público.
El imán desahuciado no estaba en situación de vulnerabilidad, según el consistorio, ya que contaba con ingresos suficientes. Sin embargo, su caso ha sido utilizado por algunos colectivos para denunciar la falta de acceso a viviendas dignas, un problema que afecta tanto a inmigrantes como a españoles en el municipio.
Reacciones políticas: la inmigración en el centro del debate
El desalojo y los disturbios han sido capitalizados por diferentes fuerzas políticas. Desde Vox, su líder en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado al Ayuntamiento de favorecer la inmigración descontrolada y ha amenazado con llevar el caso a los tribunales si se le concede una vivienda pública al imán desahuciado.
Por otro lado, partidos como ERC y la CUP han evitado relacionar la violencia con la comunidad inmigrante, señalando que se trata de grupos incontrolados sin vinculación con el desalojo.
El portavoz de la comunidad islámica de Salt, Rafaat Sarajeddin, ha condenado los disturbios y ha ofrecido colaboración a las autoridades para calmar los ánimos: "Nosotros no tenemos nada que ver y rechazamos todo lo que ha pasado".
Mientras tanto, la tensión sigue latente en Salt y las fuerzas de seguridad continúan en alerta ante posibles nuevos incidentes. La gestión de la inmigración, la vivienda y la seguridad en Cataluña sigue siendo un tema de alto voltaje político y social, con Salt convertido en el epicentro de la polémica.