PSOE, Más Madrid y PP se adhieren al recurso de la Fiscalía en el caso mascarillas para agravar las penas

El caso mascarillas, que ha marcado uno de los episodios más polémicos de la gestión de compras públicas durante la pandemia de la COVID-19, vuelve a ocupar el centro del debate judicial y político tras conocerse que el PSOE, Más Madrid y el propio Ayuntamiento de Madrid, a través del Partido Popular, se han adherido al recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia dictada en marzo por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.

El objetivo de estos recursos es que se condene a Luis Medina y Alberto Luceño no solo por los delitos por los que fue sentenciado el segundo —fraude fiscal y falsificación de documento público— sino también por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En el caso de Luceño, además, se solicita su condena por delito continuado de falsedad en documento oficial, al haber utilizado supuestamente documentación manipulada, como un carné falso del CNI, en su actividad contractual.

Adhesión de todas las partes clave: PSOE, Más Madrid y PP

La primera en anunciar la adhesión al recurso fue la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien expresó la intención de su grupo de "seguir defendiendo los intereses de los madrileños" y de recuperar cada euro público que, a su juicio, fue desviado ilícitamente mediante comisiones indebidas.

Maroto insistió también en la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas por parte del equipo de Gobierno municipal, al considerar que no se ha hecho hasta la fecha.

Instantes después, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, en nombre del Partido Popular, confirmó también la adhesión del Ayuntamiento al recurso de apelación de la Fiscalía. Almeida justificó su decisión asegurando que esta acción legal "es la vía adecuada para intentar recuperar el dinero de los madrileños", toda vez que el delito de estafa —por el que no se condenó a los acusados— es el que conlleva aparejada la responsabilidad civil directa.

Los argumentos de la Fiscalía: documentos falsos con repercusión en terceros

El recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción sostiene que las falsificaciones realizadas por Luceño y Medina trascendieron el ámbito contractual, llegando a influir directamente en instituciones como el SEPBLAC, la Agencia Tributaria y dos entidades financieras. Uno de los documentos falsificados fue presentado durante un expediente tributario, lo que dio origen a la condena de Luceño por fraude fiscal.

Según la Fiscalía, las acciones de los acusados generaron un informe de inteligencia financiera que fue el germen de este procedimiento penal. Por ello, considera que los delitos deben calificarse como continuados y agravados.

La Fiscalía también ha solicitado que se decomisen todos los bienes y ganancias derivadas del delito, incluyendo los activos en poder de los acusados hasta cubrir una cantidad superior a los 1,35 millones de euros, suma que se destinaría a indemnizar a la Agencia Tributaria y al Ayuntamiento de Madrid.

El fallo inicial: absolución por estafa, condena parcial a Luceño

El pasado 19 de marzo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid emitió una sentencia que absolvía a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, sí condenó a Luceño por fraude fiscal y falsificación en documento público, imponiéndole tres años de prisión, una multa de 3,5 millones de euros y la obligación de indemnizar a la Agencia Tributaria con 1.351.386,26 euros.

El tribunal entendió que, si bien los acusados habían obtenido grandes beneficios, el Ayuntamiento no fue objeto directo de engaño suficiente para ser considerado víctima de una estafa penalmente relevante.

Reacción de la acusación popular y rechazo al recurso de Luceño

La acusación popular, integrada por PSOE y Más Madrid, también ha solicitado al tribunal que desestime el recurso de apelación interpuesto por Alberto Luceño, en el que pedía su absolución por el delito fiscal y por la falsificación documental. Ambas formaciones consideran que no hubo errores en la valoración de la prueba ni se vulneraron garantías procesales durante el juicio, por lo que las penas deben mantenerse e incluso agravarse.

Además, comparten con la Fiscalía la petición de decomiso por equivalente de los bienes del acusado, aunque esta medida no fuera solicitada expresamente por las acusaciones populares en su escrito inicial.

Contexto político y social

Este caso ha tenido una enorme repercusión política y mediática desde su origen, al implicar la compra de mascarillas defectuosas o a precios inflados durante los primeros meses de la pandemia. Las comisiones cobradas por los intermediarios —algunas de ellas superiores al 200% del valor de compra—, el uso de documentación falsificada y la relación directa con el Ayuntamiento de Madrid generaron un escándalo nacional.

Aunque la sentencia inicial alivió las penas para los acusados, la reacción social y de diversos actores políticos ha reactivado el interés por esclarecer completamente lo sucedido y depurar responsabilidades penales y económicas.

Próximos pasos

El recurso de la Fiscalía y las adhesiones de PSOE, Más Madrid y el Ayuntamiento de Madrid serán valoradas por la Audiencia Provincial, que deberá decidir si estima las nuevas calificaciones penales y si impone nuevas penas o medidas cautelares, como el decomiso patrimonial.

Mientras tanto, tanto desde el Ministerio Público como desde las formaciones políticas que se han sumado al recurso, se insiste en la necesidad de recuperar los fondos públicos desviados y de sentar un precedente claro en materia de control de contratos públicos y rendición de cuentas durante situaciones de emergencia.

“Queremos que cada euro que estos comisionistas se llevaron vuelva a las arcas públicas y se traduzca en mejores servicios para los ciudadanos”, concluyó Reyes Maroto.