Polémica por el uso privado de un chalé público en Rascafría por parte de Ayuso: la oposición denuncia trato de favor y opacidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto envuelta en una nueva controversia tras conocerse, gracias a una información publicada por El País, que pasó el fin de semana del 12 y 13 de julio alojada junto a su familia en un chalé con piscina ubicado en el municipio de Rascafría, en plena sierra madrileña. El inmueble, de titularidad pública, fue adquirido en 2023 por el Gobierno autonómico por un valor cercano a los 4,3 millones de euros, con la finalidad de ampliar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La presidenta no comunicó públicamente este uso privado del bien público, y la noticia fue conocida a través del testimonio de vecinos de la zona recabado por el citado medio. Desde el equipo de Ayuso han defendido que se trata de un "uso permitido", que el chalé es “muy austero” y que no se emplearon recursos públicos para la estancia, asegurando que “ni hubo camareros, ni cocineros” y que la propia presidenta llevó su comida.

Pese a esta explicación, la reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Desde el PSOE de Madrid, liderado por Óscar López, se ha criticado duramente la actuación de Ayuso. En una publicación en la red social X (antes Twitter), los socialistas afirmaron: “Ayuso se piensa que Madrid es su cortijo”, y acusaron a la presidenta de “sufragar sus vacaciones con dinero público sin informar del uso de un palacio propiedad de la Comunidad”.

La polémica se agrava debido a que Ayuso ha sido en los últimos años una de las voces más críticas respecto al uso de residencias oficiales por parte del Gobierno central, especialmente del presidente Pedro Sánchez. Durante varios plenos de la Asamblea de Madrid, la presidenta ha señalado que el Ejecutivo central dispone de “palacios pagados por todos los españoles” para sus vacaciones, como La Mareta en Lanzarote, Las Marismillas en Doñana o Quintos de Mora en Toledo.

En contraste con otras comunidades autónomas, Madrid no cuenta con una residencia oficial para sus presidentes autonómicos. No obstante, existe un precedente institucional: la Residencia Santillana, en Manzanares El Real, donde Ayuso ha reunido a su Gobierno en ocasiones para preparar los periodos de sesiones.

La finca de Rascafría donde se encuentra el chalé utilizado por Ayuso tiene una extensión de 453 hectáreas y fue justificada en su día como una operación medioambiental. Este episodio reabre el debate sobre el uso privado de bienes públicos y los criterios de transparencia en la gestión patrimonial del Gobierno madrileño.

Desde la oposición se ha exigido al Ejecutivo regional que aclare el régimen de uso de este tipo de propiedades, quiénes pueden acceder a ellas, y bajo qué condiciones, especialmente cuando no existe una regulación clara ni información pública previa sobre estos desplazamientos. Por ahora, el equipo de la presidenta insiste en que ha sido la primera vez que se ha hecho uso de la finca y que todo se ha desarrollado conforme a la normativa vigente.