Polémica por el informe fiscal que exculpa al hermano de Pedro Sánchez
Este documento, solicitado por una jueza que investiga posibles delitos fiscales, ha sido criticado por su carácter irregular, al no contar inicialmente con firma ni membrete oficial, y por los criterios excepcionales aplicados en beneficio del investigado.
Uso del informe en litigios fiscales
Abogados fiscalistas han comenzado a utilizar este informe en casos similares, argumentando que el documento establece precedentes favorables para contribuyentes en litigios de residencia fiscal. Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, afirma que mencionará este informe en procedimientos futuros, señalando que la AEAT aceptó pruebas de residencia, como facturas de hotel, que normalmente serían rechazadas. Esta postura contrasta con el trato habitual, donde Hacienda exige acreditar residencia con viviendas en propiedad o alquiler.
Trato de favor y dudas sobre su elaboración
El informe ha sido calificado de "trato de favor" por expertos como Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la AEAT. Señala que el documento contraviene tanto la legislación española como los convenios internacionales de doble imposición, que priorizan el centro de intereses económicos y familiares para determinar la residencia fiscal. En el caso de Sánchez, su empleo en la Diputación de Badajoz y su familia en España deberían haberlo clasificado como residente fiscal español.
La falta de inspección previa por parte de Hacienda también ha generado sospechas, ya que, según Ruiz-Jarabo, este tipo de casos suelen ser objeto de estricto control fiscal. Sin embargo, David Sánchez no fue investigado, y el informe se elaboró únicamente con la documentación proporcionada por él.
Irregularidades en el informe
El documento presenta múltiples contradicciones e irregularidades:
- Fue remitido inicialmente sin firma ni identificación de los autores.
- No se realizaron comprobaciones independientes, como la geolocalización de teléfonos o la verificación de facturas de hotel.
- Se ignoraron elementos clave como la situación familiar de Sánchez, cuya esposa e hija residían en España, lo que refuerza la hipótesis de su residencia fiscal en territorio español.
Tras ser requerido por la jueza, Hacienda identificó a los autores del informe como tres altos cargos de la AEAT en Extremadura, sujetos a libre designación, lo que ha despertado dudas sobre posibles presiones políticas.
Impacto político y judicial
El caso de David Sánchez ha escalado más allá del ámbito fiscal. La jueza investiga posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal, y ha cuestionado la transparencia de la actuación de la AEAT. Además, se han señalado vínculos entre altos cargos políticos y la elaboración del informe, lo que podría derivar en responsabilidades penales para los implicados.
Organizaciones como Manos Limpias, que actúan como acusación popular, han pedido citar a los funcionarios responsables del informe para esclarecer su elaboración. Por su parte, la oposición política ha denunciado el caso como un ejemplo de trato de favor institucional.
El informe fiscal sobre David Sánchez ha generado una tormenta de críticas y cuestionamientos éticos hacia la Agencia Tributaria y el Gobierno. Mientras que abogados lo ven como una oportunidad estratégica en litigios fiscales, expertos y opositores denuncian irregularidades graves y posibles presiones políticas. La resolución judicial del caso marcará un precedente crucial sobre la independencia de las instituciones y la igualdad ante la ley.