Nueva manifestación por el derecho a una vivienda digna, en más de 40 ciudades

Este sábado, 5 de abril, se celebrará una jornada de movilización en más de 40 ciudades españolas bajo el lema “¡Contra la especulación, defendamos el derecho a la vivienda!”. Se trata de la primera gran manifestación estatal organizada por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, y diversas organizaciones vecinales y sociales, que han conseguido sumar a la convocatoria a los sindicatos CCOO y UGT.

En Madrid, el punto de encuentro será la estación de Atocha a las 12:00 horas, donde se espera la asistencia de miles de personas para denunciar la creciente crisis habitacional, que ha llevado los precios del alquiler a máximos históricos y ha incrementado las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible.

Una movilización contra el “negocio de la vivienda”

Los convocantes critican duramente el actual modelo de vivienda, al que acusan de haber convertido un derecho fundamental en un “negocio para unos pocos”. Denuncian la “asfixia económica” que sufren amplias capas de la sociedad, especialmente jóvenes, trabajadores precarios y familias vulnerables, ante el incremento constante de los precios del alquiler y la falta de alternativas habitacionales accesibles.

“Es una situación límite: los precios no dejan de subir, los salarios no alcanzan y las ayudas públicas no son suficientes”, explican desde el Sindicato de Inquilinos. Por ello, la manifestación exige medidas urgentes y valientes para intervenir el mercado del alquiler, ampliar el parque público de vivienda, y garantizar que el acceso a un hogar deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho real.

Las principales reivindicaciones

Entre las demandas centrales de la movilización destacan:

• Bajada inmediata del 50 % del precio de los alquileres en las zonas tensionadas.

• Establecimiento de contratos de alquiler indefinidos, con mayor seguridad para los inquilinos.

• Recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de temporada para que cumplan una función social.

• Prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitre y grandes propietarios.

• Desarticulación de los grupos de desokupación y respeto a los derechos de los arrendatarios.

• Creación de un parque público amplio de vivienda en régimen de alquiler social.

• Disolución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y reutilización de su stock de inmuebles con fines sociales.

El respaldo sindical y la crítica institucional

Tanto UGT como CCOO han expresado su pleno respaldo a esta movilización, y han llamado a sus bases a salir a la calle para exigir el cumplimiento de la Ley Estatal de Vivienda, aprobada en 2023 pero cuya aplicación, denuncian, ha sido limitada y desigual entre territorios.

“La vivienda es un derecho constitucional, no un bien de lujo. Es hora de que los poderes públicos actúen con determinación para poner fin a esta situación”, señala el manifiesto conjunto de ambas organizaciones sindicales. Recuerdan además que la falta de políticas efectivas ha generado un déficit estructural de vivienda pública, agravado por años de desinversión y por la venta de viviendas sociales a fondos especulativos.

Contexto de emergencia habitacional

En regiones como la Comunidad de Madrid, los precios del alquiler han alcanzado máximos históricos en 2025, con una media de más de 17 euros por metro cuadrado en la capital. Este contexto ha provocado una expulsión progresiva de vecinos de sus barrios, el incremento de los desahucios por impago de renta y una creciente sensación de inseguridad residencial, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

A esto se suma la proliferación descontrolada de pisos turísticos y el auge de alquileres temporales que escapan al control público y están contribuyendo a reducir aún más la oferta de vivienda permanente. Los organizadores de la protesta denuncian que este modelo turistifica los barrios, los vuelve inaccesibles para los residentes y favorece la especulación inmobiliaria.

Una protesta descentralizada y coordinada

Ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Palma, Granada, Málaga, Vigo o Valladolid acogerán manifestaciones simultáneas a la de Madrid, lo que demuestra la magnitud del problema y la coordinación estatal de un movimiento que busca poner el derecho a la vivienda en el centro del debate político y social.

Los organizadores subrayan que esta será solo la primera de muchas movilizaciones, si no se actúa con decisión desde las administraciones públicas. Y advierten: “O se gobierna para garantizar el derecho a la vivienda, o se seguirá alimentando una emergencia habitacional que erosiona la cohesión social”.