Madrid ejecutará el desahucio de cuatro mayores en los apartamentos San Francisco el 18 de junio
El Ayuntamiento alega motivos de seguridad y defiende que los usuarios volverán a sus viviendas tras las obras, mientras la oposición pide agotar la vía del diálogo
El Ayuntamiento de Madrid procederá el próximo 18 de junio al desahucio de los cuatro mayores que aún permanecen en los apartamentos municipales San Francisco, ubicados en la calle Jerte del barrio de La Latina. La decisión se enmarca dentro del proceso de rehabilitación estructural integral del edificio, presupuestada en 3,8 millones de euros, cuya ejecución se encuentra paralizada desde finales de 2024 ante la negativa de estos residentes a abandonar el inmueble.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la actuación municipal asegurando que el Consistorio “no ha tenido otro remedio” que iniciar el desalojo forzoso tras múltiples intentos de negociación. “No hemos querido llegar al desahucio, pero no podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de nadie ni que se caiga ese edificio”, ha afirmado. Almeida ha subrayado que se ofrecieron “todo tipo de soluciones habitacionales”, incluyendo residencias públicas, centros municipales y realojos temporales, pero que los afectados rechazaron todas las opciones.
Desde octubre de 2024, 57 de los 61 inquilinos originales de los apartamentos ya han sido reubicados, lo que permite al Consistorio avanzar en el proyecto que prevé mejoras estructurales, de accesibilidad y seguridad en el edificio. Una vez concluidas las obras, que tendrán una duración estimada de 14 meses, todos los residentes podrán regresar a su mismo apartamento y con las mismas condiciones económicas, ha recalcado el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
El Ayuntamiento destaca que las deficiencias detectadas en el edificio impiden realizar una reforma por fases, ya que se necesita el desalojo completo para garantizar la seguridad durante los trabajos. Además, tras la rehabilitación, se habilitarán siete plazas adicionales que actualmente no pueden utilizarse debido al deterioro de la estructura.
No obstante, la medida ha generado críticas tanto por parte de los residentes afectados como de asociaciones vecinales, que consideran que existen alternativas menos drásticas. Alegan que el desalojo aleja a los mayores de su entorno y no garantiza condiciones de habitabilidad equivalentes, cuestionando también el elevado coste y la planificación de las obras.
Desde la oposición, la concejal socialista Ana Isabel Lima ha mostrado su preocupación por el “desalojo inminente de personas en situación de especial vulnerabilidad”, instando al Gobierno municipal a agotar todas las vías de diálogo antes de proceder. En una carta dirigida al delegado del área de Políticas Sociales, Lima ha solicitado “una solución habitacional digna” que evite que los mayores sean desalojados en pleno verano, con altas temperaturas.
“La protección de los mayores no admite demoras ni excusas. Pedimos que se les busque una salida digna”, ha reclamado la edil, subrayando que el derecho a una vivienda adecuada debe prevalecer en todo momento, especialmente tratándose de personas de edad avanzada y con pocos recursos.
El Ayuntamiento, por su parte, ha confirmado que si el desalojo del 18 de junio no puede ejecutarse, se iniciarán los trámites judiciales para solicitar autorización de entrada en los domicilios, como último recurso.