El juez Peinado ordena rastrear los correos oficiales de Begoña Gómez y exige los códigos del software creado para su cátedra en la Complutense

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado un rastreo completo de los correos oficiales de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la entrega de todos los desarrollos digitales y códigos fuente del software asociado a dicho proyecto académico, elaborado en colaboración con grandes firmas tecnológicas.

En un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso Servimedia, el magistrado considera estas diligencias “pertinentes y relevantes” dentro de la investigación judicial en curso sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el entorno de esta cátedra universitaria.

Requerimientos a empresas tecnológicas y volcado de correos

Entre las medidas acordadas, el juez requiere a Google que aporte las comunicaciones referidas durante la declaración de uno de sus directivos, en las que se mencionan intercambios con Begoña Gómez y Cristina Álvarez, también vinculada a la cátedra.

Asimismo, la Universidad Complutense deberá realizar el volcado completo de los correos electrónicos almacenados en la cuenta oficial de la cátedra (hola@transformacionsocialcompetitiva.com) y remitir todo su contenido al juzgado.

De forma paralela, el juez ha exigido a todas las empresas tecnológicas que participaron en el diseño y desarrollo del software de la cátedra —Deloitte, Minsait (Indra), Telefónica, Google, Flat101 y Devoteam— la entrega de “los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales” relacionados con la plataforma de la cátedra.

También ha solicitado a la empresa Arys Internet SL, encargada del registro de la plataforma digital, que aporte toda la documentación técnica sobre dicho proceso, al considerar que es útil para esclarecer el funcionamiento y posibles vínculos empresariales asociados a esta actividad académica.

Delimitación del foco de investigación

El auto judicial señala que no se aceptan, por ahora, otras diligencias solicitadas por las acusaciones populares, como el acceso a la cuenta personal de Gmail de Begoña Gómez o la citación de nuevos testigos vinculados a empresas como Endesa, Reale Seguros o Fundación La Caixa. Peinado justifica su decisión en que “el objeto de la instrucción es averiguar si existen indicios, pero no emitir un juicio anticipado” y que algunas peticiones resultan “superfluas o no justificadas en esta fase”.

Esta actuación judicial responde a la admisión de varias querellas, iniciadas con la denuncia del sindicato Manos Limpias, y a las que se han adherido como acusaciones populares organizaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Política y el partido Vox.

Origen y alcance del caso

El foco de la investigación gira en torno al posible uso de la posición institucional de Begoña Gómez para favorecer a determinadas empresas en contratos públicos o adjudicaciones, así como al desarrollo y utilización de herramientas digitales financiadas con fondos de la universidad y con participación empresarial privada.

Aunque algunas acusaciones pretendían ampliar el rastreo a comunicaciones mantenidas con ministerios y compañías privadas entre 2020 y 2024, el juez ha optado por acotar las pesquisas al entorno inmediato de la cátedra y a los desarrollos tecnológicos implicados.

La resolución judicial puede ser recurrida en los próximos tres días en reforma o en cinco días en apelación directa, lo que podría reabrir el debate sobre la amplitud del foco judicial.

Mientras tanto, este auto constituye un paso decisivo en una causa que ha generado un gran impacto político y mediático, al afectar directamente al entorno personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.