La Guardia Civil interviene en Galapagar tras la irrupción de okupas exigiendo su empadronamiento
Un grupo de okupas irrumpió en el Ayuntamiento exigiendo ser empadronados en direcciones inexistentes. La tensión obligó a la intervención de la Guardia Civil
La Guardia Civil tuvo que intervenir este martes en el Ayuntamiento de Galapagar para controlar los altercados provocados por un grupo de okupas que irrumpieron en el edificio municipal exigiendo su empadronamiento en viviendas situadas en calles que no existen en el registro municipal.
Los manifestantes, portando pancartas y coreando consignas, intentaron presionar a los empleados del Ayuntamiento para que procesaran su inscripción en el padrón municipal. Sin embargo, las solicitudes presentadas correspondían a domicilios que no figuran en el registro o cuyas direcciones eran falsas o inexistentes, lo que impidió su tramitación.
Amenazas y tensión en el Ayuntamiento
Ante la negativa de los funcionarios municipales a registrar las solicitudes irregulares, algunos de los manifestantes amenazaron a los trabajadores con denunciarlos por prevaricación si no accedían a su demanda. Esta situación generó una gran tensión en las dependencias municipales, lo que llevó al Consistorio a solicitar la presencia de la Guardia Civil.
Los agentes desplazados al lugar identificaron a los asistentes y lograron restablecer la calma, evitando que la situación derivara en incidentes mayores.
El Ayuntamiento vincula el incidente con su política antiokupación
Desde el Ayuntamiento de Galapagar han calificado lo sucedido como una "reacción" ante la puesta en marcha de su oficina antiokupación, una medida con la que buscan frenar la ocupación ilegal en el municipio.
“Queda patente que se trata de una primera reacción ante nuestra oficina antiokupación, señal de que lo estamos haciendo bien y estamos defendiendo los derechos de nuestros vecinos. Seguiremos firmes en nuestra política con el mismo mensaje dirigido al colectivo okupa: aquí no son bienvenidos y no se lo vamos a poner fácil”, ha señalado el Consistorio.
Este episodio se enmarca dentro del creciente debate sobre la ocupación ilegal en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno autonómico ha implementado medidas como una línea de atención 24/7 para asesorar a los propietarios afectados y agilizar los desalojos.