El Gobierno ordena a Airbnb retirar 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas tras el aval del TSJ de Madrid
La decisión, adoptada a través de la Dirección General de Consumo, ha sido respaldada judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha avalado la legalidad de las actuaciones del Ministerio.
La resolución del TSJM obliga a Airbnb a retirar de forma inmediata más de 5.800 anuncios, en lo que el ministro ha calificado como una "gran victoria para el derecho a la vivienda" y una muestra del compromiso del Gobierno por reforzar los derechos de los consumidores.
Tres motivos de ilegalidad
Los anuncios señalados como ilícitos se concentran en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco, y comparten tres infracciones principales:
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Ausencia de número de licencia turística, obligatorio según las normativas autonómicas.
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Falta de identificación del arrendador, impidiendo conocer si se trata de un profesional o un particular.
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Inclusión de números de licencia falsos o inexistentes, lo que puede inducir a error al consumidor.
Estas prácticas vulneran los derechos de quienes alquilan estas viviendas y dificultan el control sobre la actividad turística en zonas con alta presión inmobiliaria.
Medidas en curso y expedientes abiertos
Además de la retirada de anuncios, el Ministerio ha abierto varios expedientes sancionadores desde finales de 2024. Uno de ellos, iniciado en diciembre, apunta a una plataforma de alquiler turístico por omitir información obligatoria; otros dos fueron activados en febrero de 2025 contra grandes gestoras de pisos turísticos. A esto se suma un nuevo expediente abierto en marzo contra una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos.
El ministro Bustinduy ha reiterado su compromiso de colaborar con comunidades autónomas y ayuntamientos para frenar lo que ha denominado una “ilegalidad generalizada” en el mercado de alojamientos turísticos. “Cuando se actúa con voluntad política y determinación, los resultados llegan”, ha afirmado, anunciando que el Ministerio está aportando información técnica y legal a otras administraciones públicas para que adopten medidas similares.
Airbnb en el centro del debate
Airbnb ha recurrido las medidas del Ministerio ante los tribunales, intentando evitar la retirada masiva de anuncios. Sin embargo, el fallo del TSJM refuerza el argumento del Gobierno sobre la necesidad de ordenar un sector desregulado que afecta tanto al acceso a la vivienda como a la protección de los consumidores.
El caso subraya el creciente conflicto entre plataformas digitales y autoridades públicas, especialmente en lo relativo a los derechos básicos en contextos urbanos marcados por la especulación y el turismo masivo.
El Ministerio ha anunciado que continuará su ofensiva legal y ha instado a otras plataformas del sector a cumplir con la normativa vigente, advirtiendo de que el tiempo de la impunidad en el alquiler turístico ilegal "se ha terminado".