El Gobierno inicia el proceso para declarar las manifestaciones del 8M como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática
El Ejecutivo destaca su valor como “mareas democráticas y pacíficas” que contribuyen a la libertad y la igualdad entre hombres y mujeres
El Gobierno ha iniciado los trámites para declarar las manifestaciones feministas del 8 de marzo como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática, según recoge hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión responde al carácter “democrático, pacífico y transformador” que el Ejecutivo atribuye a estas movilizaciones por la igualdad de género.
La iniciativa parte de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y reconoce que desde 1978 las marchas del 8M han sido clave en la conquista de derechos como el divorcio, la legalización de anticonceptivos, la despenalización del aborto o la libertad sexual y educativa.
Además, se hace un recorrido histórico de las luchas feministas en España, recordando el papel de Clara Campoamor, Victoria Kent, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o María Lejárraga, así como los avances logrados durante la Segunda República.
El texto publicado en el BOE afirma que las manifestaciones del 8M constituyen “mareas democráticas y de homenaje” a quienes han liderado la lucha por la igualdad, y subraya su contribución a una sociedad “más justa e igualitaria”. Por ello, el Gobierno propone su reconocimiento dentro de la categoría de patrimonio cultural inmaterial.
Difusión, homenaje y recursos digitales
La declaración de Lugar de Memoria Democrática implicará medidas para la difusión, interpretación y conmemoración de estos actos, mediante la instalación de placas, paneles, elementos digitales y recursos audiovisuales, con fines pedagógicos y de reparación histórica.
El Ministerio solicitará informes a instituciones como el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad, la Real Academia de la Historia y los institutos de estudios de género de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Oviedo.
Tras esta fase, se abrirá un periodo de información pública de 21 días para que cualquier ciudadano pueda presentar alegaciones. El procedimiento deberá resolverse en un plazo máximo de 12 meses desde su inicio.
La medida ha generado ya reacciones políticas. Mientras el Gobierno destaca la relevancia del 8M como símbolo democrático y de avance social, formaciones como PP y Vox han criticado la decisión, calificándola de “instrumentalización política”. El debate se abre, una vez más, en torno al papel del feminismo en el espacio público y su lugar en la memoria colectiva.