El fiscal general niega la filtración de secretos y denuncia el "allanamiento" de su despacho
En dichos correos, la defensa de la pareja de Ayuso ofrecía un pacto al Ministerio Público para evitar un eventual ingreso en prisión por dos delitos fiscales.
Durante su comparecencia, que se prolongó por una hora y media, García Ortiz manifestó su rotundo rechazo a las acusaciones en su contra y denunció el registro de su despacho, calificándolo de un "allanamiento" sin precedentes en Europa. Según el fiscal general, esta intervención vulnera su derecho de defensa y constituye un acto sin base legal suficiente dentro de un despacho oficial de su investidura.
Defensa de su inocencia y crítica al procedimiento
García Ortiz solo respondió a las preguntas del abogado del Estado, quien ejerce su defensa. Aunque también habría estado dispuesto a contestar a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, esta no formuló ninguna pregunta. Sin embargo, el fiscal general se negó a responder a las preguntas de las acusaciones populares y del propio magistrado instructor, argumentando que este último está "predeterminado" sobre la causa y, por tanto, "impedido para ver la verdad sobre lo sucedido".
El fiscal general reiteró en varias ocasiones que no ha participado en la filtración de los correos electrónicos relacionados con la investigación y aclaró que su reciente cambio de teléfono móvil no guarda relación alguna con este proceso judicial. Según su versión, a lo largo de su cargo ha cambiado de terminal en seis ocasiones, y el cambio realizado en octubre pasado había sido solicitado en marzo, mucho antes de que esta investigación estuviera en curso.
Investigación
El Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos en relación con la filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador a la Fiscalía. En dicho mensaje, González Amador ofrecía un acuerdo que implicaba la asunción de dos delitos fiscales y el pago de 550.000 euros a cambio de evitar el juicio, con el consentimiento de su cliente.
Un elemento clave en la investigación ha sido el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ha puesto en duda la versión del fiscal general. Según García Ortiz, la decisión de difundir una nota desmintiendo las informaciones de Miguel Ángel Rodríguez fue tomada conjuntamente por él y Lastra. Sin embargo, negó haber dado instrucciones directas a la fiscal madrileña o al jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se divulgara el contenido del correo.
El fiscal general también aseguró que Lastra tenía acceso al correo electrónico en cuestión y rechazó que existiera una conversación en la que ella le preguntara si había filtrado la información. Según García Ortiz, las declaraciones de la fiscal superior de Madrid responden a un "desafecto" hacia la cúpula de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal general llegó al Tribunal Supremo poco antes de las 10 de la mañana, a bordo de su vehículo oficial y acompañado de su defensa. A su llegada, evitó hacer declaraciones a los medios y se limitó a saludar con un "buenos días".
Contexto judicial y repercusiones
El caso en el que se investiga a García Ortiz ha generado un intenso debate político y judicial. La oposición ha exigido explicaciones públicas y transparencia en el proceso, mientras que sectores de la judicatura han expresado su preocupación por las implicaciones de este procedimiento en la independencia del Ministerio Fiscal. Por su parte, el Ejecutivo ha reiterado su apoyo al fiscal general y ha defendido la legalidad de sus actuaciones.
La investigación sigue en curso y la resolución del Tribunal Supremo podría marcar un antes y un después en la gestión de la Fiscalía General del Estado, con posibles repercusiones institucionales en la relación entre los poderes judicial y ejecutivo en España.