Los empleados públicos del Estado recibirán en julio la subida salarial del 0,5 % correspondiente a 2024
El incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y se aplicará al personal funcionario, estatutario, laboral, directivo y altos cargos del Estado
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución que regula el pago de la subida salarial del 0,5 % correspondiente al ejercicio 2024 para el conjunto del sector público estatal, que se hará efectiva en la nómina del mes de julio e incluirá los atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2024.
Esta medida afecta directamente al personal funcionario, estatutario, laboral, personal directivo y altos cargos de la Administración General del Estado y de los organismos y entes públicos dependientes. El pago, autorizado por el Consejo de Ministros este martes, culmina la aplicación del acuerdo plurianual de retribuciones firmado por el Gobierno con los sindicatos UGT y CCOO, que fijaba la evolución salarial de los empleados públicos entre 2022 y 2024.
Subidas acumuladas desde 2022
El acuerdo marco establecía una subida del 3,5 % en 2022, otra del 3,5 % en 2023 y una subida base del 2 % en 2024, a la que se añadiría un 0,5 % adicional, condicionado a la evolución de la inflación. Este último incremento tenía como objetivo compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo provocada por la desviación del IPC acumulado en el trienio.
La decisión de abonar ahora el 0,5 % adicional se sustenta en el cumplimiento del criterio de referencia del IPC, lo que activa de forma automática su aplicación según lo pactado en el acuerdo.
Aplicación inmediata y con atrasos
El BOE confirma que este incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que implica que los empleados públicos percibirán también los atrasos correspondientes en la nómina de este mes. El abono se llevará a cabo mediante una regularización automática en los sistemas retributivos del personal del Estado.
Un paso más en la política de estabilidad salarial
Desde el Gobierno se valora este abono como un nuevo gesto de cumplimiento del compromiso de dotar de estabilidad y certidumbre a las condiciones laborales del personal público, así como una medida de recuperación gradual del poder adquisitivo tras años de contención salarial y efectos inflacionarios.
Los sindicatos mayoritarios en la función pública, UGT y CCOO, han valorado positivamente la publicación de la resolución, aunque han insistido en la necesidad de abrir un nuevo proceso negociador que contemple un nuevo acuerdo plurianual para el periodo 2025-2027, con cláusulas de revisión que garanticen la protección salarial frente a futuras oscilaciones del IPC.
Con esta subida, se cierra definitivamente el ciclo retributivo del anterior marco, dejando como prioridad inmediata la negociación del próximo acuerdo y la mejora de las condiciones laborales en el sector público estatal.