Educación pospone los procesos de estabilización para proteger la continuidad educativa
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha decidido aplazar los procesos de estabilización y traslados del personal educativo hasta el final del curso escolar. El anuncio, realizado por el consejero Emilio Viciana durante el Pleno de este jueves, busca evitar perjuicios al alumnado y garantizar la continuidad de la atención educativa.
Decisión motivada por la presión social
La medida llega tras semanas de presión por parte de familias, trabajadores y sindicatos, especialmente Comisiones Obreras (CCOO), que habían alertado sobre los graves riesgos que estos cambios podrían implicar para el alumnado. Según CCOO, hasta 4.500 profesionales podrían haberse visto afectados, lo que habría generado vacantes y discontinuidades en la atención, particularmente en el caso de estudiantes con necesidades especiales.
Viciana justificó la decisión en términos de protección del alumnado, afirmando que el aplazamiento asegura que "ni los alumnos ni sus familias perciban ningún cambio" y que "la atención que reciben se mantenga en todo momento". El consejero subrayó el compromiso del Gobierno regional de cumplir con la normativa europea y nacional, pero priorizando siempre "el interés superior de los menores".
Profesionales afectados
La paralización afecta a diversas categorías de personal educativo que incluyen educadores infantiles, técnicos de integración social, técnicos especialistas III, enfermeras y fisioterapeutas interinos. Estos trabajadores seguirán en sus puestos actuales hasta el verano, incluso si han obtenido plaza en otros centros a través del concurso de traslados.
Críticas a la gestión del proceso
CCOO ha denunciado desde el principio irregularidades y errores en los procesos de estabilización y traslado, alertando de un "riesgo real de colapso" en los centros educativos si se implementaban este curso. Isabel Galvín, Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, calificó la decisión del Gobierno como una "rectificación necesaria", aunque instó a la Consejería a garantizar que los errores administrativos sean corregidos de oficio para evitar vulnerar los derechos del personal educativo.
Perspectivas a futuro
El aplazamiento ofrece una tregua temporal, pero también establece un desafío para los próximos meses: resolver los problemas administrativos y asegurar que el proceso de estabilización se lleve a cabo con garantías legales y sin comprometer la calidad educativa. Mientras tanto, la decisión ha sido bien recibida por las comunidades educativas, aunque con cautela, a la espera de que las promesas del Gobierno se traduzcan en soluciones efectivas.