Cristina Álvarez niega haber favorecido a Begoña Gómez en la Complutense antes de la creación de la cátedra

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha negado este miércoles haber realizado gestiones para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) antes de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, en octubre de 2020.

Según fuentes jurídicas, Álvarez solo ha respondido a las preguntas de su abogado, el letrado José María de Pablo, y ha asegurado que no influyó sobre ningún trabajador de la UCM ni de empresas patrocinadoras para obtener ventajas para ella o para Gómez. También ha afirmado que no conocía a nadie de la universidad ni de las empresas antes de la firma del convenio.

Su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, ha durado diez minutos. Antes de declarar, su defensa solicitó que se le informara formalmente del motivo de su imputación, lo que retrasó el interrogatorio.

Correos electrónicos y gestiones con empresas

En la causa, en la que también se investiga a Begoña Gómez, el sumario recoge correos electrónicos que muestran que Álvarez realizó gestiones con la Complutense después de la creación de la cátedra. En uno de ellos, recibió información sobre cómo registrar el dominio web de un máster vinculado a la cátedra, en comunicación con responsables de la universidad y con Gómez en copia.

Otro de los correos indica que Álvarez trasladó en febrero de 2024 a la aseguradora Reale el interés de Gómez en que la empresa siguiera patrocinando la cátedra.

El caso investiga si Begoña Gómez cometió un delito de apropiación indebida al inscribir a su nombre la marca del máster y el software financiado por empresas patrocinadoras, además de un posible delito de intrusismo en la elaboración de los pliegos técnicos para la contratación del servicio de asesoría de la Complutense.

Recurso contra la imputación

El juez Peinado inicialmente descartó imputar a Álvarez, pero cambió su situación procesal este mes para investigarla por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, los mismos por los que ya está siendo investigada Begoña Gómez.

Su defensa ha recurrido esta imputación, argumentando que el juez utilizó su declaración como testigo para tenderle "una trampa" y que no se le ha concretado qué delito se le atribuye.

Además, el magistrado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtener el registro de llamadas telefónicas recibidas por Álvarez con contactos vinculados a empresas patrocinadoras, la UCM y otras entidades como Indra, Google, Telefónica, la Organización Mundial del Turismo o Fundación Caixa.

Con esta declaración, Álvarez se convierte en la cuarta persona imputada tras declarar como testigo en el marco de este procedimiento, junto al empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la UCM Joaquín Goyache y el directivo del IE Juan José Güemes.