El conflicto de las monjas de Belorado: desahucio, disputas legales y la batalla por la propiedad del monasterio

La batalla legal en torno al Monasterio de Santa Clara de Belorado y el de Derio continúa en los tribunales, mientras las monjas que fueron excomulgadas en mayo de 2024 mantienen su negativa a abandonar la que consideran su casa. El Juzgado de Briviesca ha señalado el 10 de junio como fecha de lanzamiento (desahucio), aunque sus representantes legales ya han anunciado que recurrirán la decisión, lo que podría demorar la ejecución de la medida.

El conflicto religioso y legal no solo gira en torno a la excomunión de estas monjas, sino también sobre quién tiene la verdadera propiedad del monasterio. Desde el Arzobispado de Burgos sostienen que el convento pertenece a la comunidad religiosa Monasterio Santa Clara de Belorado, bajo la jurisdicción del Comisario Pontificio. Sin embargo, las exmonjas rechazan esta versión y alegan que el monasterio nunca ha sido propiedad de la Iglesia Conciliar.

El trasfondo legal: el informe sobre la situación de los monasterios de Belorado y Derio

Uno de los aspectos fundamentales del litigio es la propiedad de los monasterios de Belorado y Derio, que actualmente son objeto de disputas en distintos frentes judiciales.

Las exmonjas, lideradas por su portavoz Francisco Canals, sostienen que el Monasterio de Santa Clara de Belorado y el de Derio han sido históricamente gestionados por las comunidades religiosas que los habitan, sin intervención directa de la Iglesia Católica. Aseguran que poseen títulos de propiedad válidos y que la Iglesia Conciliar no tiene derecho a expulsarlas.

Desde el Arzobispado de Burgos, sin embargo, se defiende que las monjas, al haber sido excomulgadas, han perdido cualquier legitimidad para seguir ocupando el convento, ya que este pertenece a la comunidad religiosa que aún sigue bajo la autoridad de la Iglesia. Argumentan que la propiedad de los monasterios corresponde a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, y que la administración de estos bienes está en manos del Comisario Pontificio, Mario Iceta.

El conflicto se ha intensificado con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó la solicitud de las exmonjas para registrar los monasterios como asociaciones civiles independientes, lo que les habría permitido desvincularse completamente de la Iglesia Católica y administrar los bienes como entidades privadas.

El informe de vulnerabilidad: ¿podrá evitarse el desahucio?

Un nuevo factor en la disputa ha sido el informe de vulnerabilidad social y económica emitido por los Servicios Sociales de Castilla y León. Este documento, solicitado por el Juzgado de Briviesca, indica que siete de las ocho monjas demandadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, lo que podría influir en el curso del proceso judicial.

Las exmonjas han argumentado que el desahucio pondría en peligro su estabilidad, ya que muchas de ellas dependen económicamente de los recursos generados por el convento y de las donaciones. Mientras tanto, el Arzobispado insiste en que las cinco monjas mayores que siguen en la comunidad serán atendidas por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, una vez se haga efectivo el desalojo.

El trasfondo económico y la compraventa de oro

El conflicto no se reduce solo a la ocupación del monasterio. Ha habido también disputas sobre la gestión económica de los bienes del convento, en especial sobre la venta de bienes valiosos.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la venta de oro por parte de la exabadesa Laura García de Viedma en 2020, cuando la comunidad adquirió lingotes como medida de inversión durante la pandemia. Posteriormente, en 2022, parte de estos bienes fueron vendidos para financiar las actividades del convento.

Desde el Arzobispado se ha acusado a las exmonjas de gestionar de forma opaca estos recursos y de emplearlos en su nuevo proyecto empresarial: un restaurante de clausura en Arriondas, Asturias, donde algunas de ellas se han trasladado para generar ingresos.

Por su parte, las exmonjas aseguran que todo el dinero proviene de donaciones, actividades comerciales legítimas y de la venta de bienes del monasterio. Sostienen que han usado estos recursos para sufragar los gastos de los juicios en los que están inmersas y para garantizar su independencia económica.

¿Qué pasará después del 10 de junio?

A pesar de la fecha fijada para el desahucio, la batalla legal está lejos de terminar. Si bien el Arzobispado ha logrado hasta ahora el respaldo de los tribunales para recuperar el monasterio, los abogados de las exmonjas han anunciado que presentarán recursos y medidas cautelares que podrían aplazar el proceso.

Además, las exmonjas han dejado claro que no abandonarán el monasterio voluntariamente y han denunciado una supuesta persecución religiosa y jurídica en su contra. Su portavoz, Francisco Canals, ha insistido en que la comunidad continuará luchando por su derecho a permanecer en el convento y mantener su forma de vida monástica independiente de la Iglesia Católica oficial.

Por ahora, la vista previa del 13 de mayo será clave para determinar el futuro inmediato de las exmonjas de Belorado. Si el tribunal mantiene la orden de desahucio y no se presentan nuevos recursos efectivos, el 10 de junio podría marcar el fin de su permanencia en el monasterio.

Mientras tanto, su alternativa sigue siendo el restaurante de clausura en Asturias, un proyecto que ya está funcionando y que podría convertirse en el refugio definitivo de estas monjas que han decidido enfrentarse a la Iglesia y reclamar su independencia.

Conclusión: un conflicto sin precedentes en España

El caso de las exmonjas de Belorado es un cisma sin precedentes en la historia reciente de España. Lo que comenzó como un desacuerdo teológico y doctrinal con la Iglesia ha derivado en una batalla legal por la propiedad y administración del convento, con implicaciones económicas y sociales.

El informe sobre la situación legal de los monasterios de Belorado y Derio ha sido un punto clave en el caso, determinando hasta qué punto las exmonjas pueden o no reclamar su derecho a seguir en el convento. La negativa del tribunal a reconocerlas como asociación civil independiente ha inclinado la balanza en favor del Arzobispado de Burgos, aunque el proceso aún no ha finalizado.

En los próximos meses, la disputa seguirá su curso en los tribunales y en la opinión pública. Si la justicia mantiene su decisión, el 10 de junio podría ser la fecha en la que se cierre este capítulo de la historia de las monjas rebeldes de Belorado.