Las asociaciones judiciales exigen protagonismo al CGPJ en la implantación de los tribunales de instancia

Asociaciones Judiciales, comunicado conjunto

Las cuatro principales asociaciones judiciales han remitido una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando su implicación activa en la implementación de los tribunales de instancia, previstos en la nueva Ley Orgánica 1/2025.

Las asociaciones judiciales más representativas del país han unido sus voces para exigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un papel protagonista en la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia. A través de una carta enviada a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, han reclamado que el CGPJ asuma sus responsabilidades en lo que afecta directamente a la carrera judicial y cuente con su participación en este proceso.

Esta nueva organización judicial, recogida en la Ley Orgánica 1/2025 y promovida exclusivamente por el Ministerio de Justicia, supone una transformación significativa en la estructura de los juzgados unipersonales. Según el plan del Gobierno, los primeros tribunales de instancia comenzarán a operar el próximo 1 de julio en determinadas sedes judiciales de Castilla y León, Extremadura y Murcia. Posteriormente, su implantación se extenderá de manera progresiva al resto de comunidades bajo la competencia del Ministerio de Justicia.

Una reforma sin consenso suficiente

Las asociaciones firmantes –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente– han mostrado su preocupación por la falta de diálogo institucional en la planificación e implementación de esta reforma. Según destacan en su comunicado, es fundamental que el CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, asuma un papel activo en la implantación de estos tribunales y no se limite a una función meramente consultiva.

Desde el ámbito judicial se señala que la reorganización de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia afectará directamente a la carrera judicial, las condiciones de trabajo de los magistrados y la prestación del servicio de justicia. Por ello, consideran imprescindible que las asociaciones judiciales sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones, asegurando que la reforma no perjudique ni la independencia judicial ni el funcionamiento de los tribunales.

Los tribunales de instancia: ¿una solución o un problema?

El modelo de tribunales de instancia, promovido por el Ministerio de Justicia, pretende mejorar la eficiencia en la administración de justicia al organizar los recursos humanos y materiales de los juzgados unipersonales bajo una estructura más integrada. Sin embargo, su implementación genera dudas entre los profesionales del sector, que alertan sobre posibles problemas de adaptación y la necesidad de mayor planificación para evitar el colapso en determinadas jurisdicciones.

Desde las asociaciones judiciales se insiste en que cualquier modificación en la estructura judicial debe realizarse con un análisis riguroso de su impacto en la carga de trabajo, la dotación de personal y la garantía de un acceso a la justicia rápido y eficaz para los ciudadanos.

Llamamiento al diálogo y a la participación de la carrera judicial

Ante este escenario, las asociaciones firmantes de la carta han pedido que el CGPJ asuma su responsabilidad y vele por los intereses de la judicatura en la implantación de los tribunales de instancia. “Nos corresponde velar por los derechos y condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial”, destacan en el comunicado enviado al órgano de gobierno de los jueces.

De momento, el Ministerio de Justicia sigue adelante con su calendario de implantación sin haber dado respuesta a las demandas de las asociaciones judiciales. La duda que queda en el aire es si esta reforma logrará mejorar la eficiencia del sistema judicial o si, por el contrario, terminará generando más problemas de los que pretende resolver.

La controversia está servida y todo apunta a que la implantación de los tribunales de instancia será un proceso lleno de desafíos y tensiones entre el Gobierno y la judicatura.