Amalia Castro-Rial condenada a tres meses de prisión y una multa de 1.800 euros
El Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid ha condenado a Amalia Castro-Rial, quien fuera directora de Patrimonio en el Ayuntamiento de Madrid durante los gobiernos del PP entre 2004 y 2012, a tres meses de prisión y una multa de 1.800 euros por un delito de daños al patrimonio histórico, específicamente por su gestión del Palacio de la Duquesa de Sueca. El edificio, que se encuentra en el centro de Madrid, sufrió un grave deterioro debido a la falta de acción por parte de la exdirectora, quien fue acusada de haberlo "abandonado a su suerte" y no haber realizado ninguna gestión para prevenir el empeoramiento de su estado.
La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press y adelantada por el diario El País, también establece que Castro-Rial deberá indemnizar a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid por los daños agravados detectados en el Plan Especial de 2005 y hasta la orden de demolición parcial en 2013. Además, el Ayuntamiento de Madrid tendrá responsabilidad civil subsidiaria en este proceso.
El fallo destaca que las dilaciones indebidas, que fueron un factor importante en la demora de la investigación durante casi nueve años, llevaron a que el juez aplicara una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas. A pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena de nueve meses de prisión, el juez considera que el retraso en el proceso no debe recaer sobre la acusada, lo que reduce la condena. Castro-Rial también tendrá que asumir las costas judiciales del proceso.
El Palacio de la Duquesa de Sueca, con una superficie de 7.200 metros cuadrados, ha estado vacío durante más de veinte años. Su fachada, de 1791, es conocida por aparecer en la serie de televisión El Ministerio del Tiempo. El edificio, que ha sido declarado de máxima protección en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), fue adquirido por el Ayuntamiento en 1999 con la intención de adaptarlo a un uso residencial, pero ha sufrido serias deficiencias estructurales desde antes de esa fecha. A pesar de las advertencias y la necesidad de reparaciones, Amalia Castro-Rial no tomó medidas para proteger el patrimonio, lo que resultó en el deterioro extremo del inmueble y la posterior orden de demolición parcial en 2013.
Este fallo subraya la responsabilidad de los cargos públicos en la conservación del patrimonio histórico y cómo la inacción de un responsable público puede agravar significativamente los daños a un bien protegido.